Dimensiones y efectos de la reformal laboral
Francisco J. Díaz A.- Entre tantas opiniones que se vierten, o posiciones políticas que se asumen, frente a la reforma laboral, resultaría oportuno reflexionar el tema desde un espacio con mayores herramientas metodológicas que pueden resultar útiles, ya sea para la toma de decisiones o cuando menos para emitir diagnósticos más certeros sobre el estado de la cuestión.
Evidente es que este acontecimiento transcurre principalmente en una dimensión jurídica, pues se trata en principio de una reforma a un ordenamiento legal. Incontrovertible es que los mismos hechos tienen una perspectiva económica, lo cual en forma lógica utilizan los impulsores o detractores de la citada reforma a la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, podemos afirmar también que tanto en las relaciones individuales de trabajo como las colectivas, son fenómenos que no pueden entenderse en forma plena si no se revisan también sus dimensiones política y social.Si se tratase de dar una opinión, basta con emitirla. En cambio si lo que se busca es hacer un adecuado análisis, nos parecen demasiado simplistas los juicios que se hacen comúnmente sobre la actividad sindical, ya que lejos de ver a los sindicatos como los complejos fenómenos sociopolíticos que son, se reducen a una obtusa e insuficiente visión construida sólo sobre la base de la forma en que los líderes sindicales llevan a cabo su función.
Dicho de otra forma, al hablar de sindicatos la mayor parte de opinólogos que se escuchan o se leen, se reduce a creencias compartidas y/o juicios populares que sin duda se generan sobre la base de hechos lamentables, controvertibles o deleznables en los que han incurrido una cantidad importante de dirigentes sindicales. Así las cosas, una buena parte de la discusión pública que hoy día se hace sobre el tema, transcurre en el espacio deliberativo, o más bien discursivo, del intercambio de acusaciones que impulsores o detractores de la reforma hacen con respecto a los sindicatos. Pareciera entonces por momentos que una decisión nacional de esta envergadura se limita a la negociación que líderes sindicales podrán hacer para no resultar afectados en lo que ellos consideren que afecta su interés.
De la misma forma encontramos insuficientes, y por lo tanto afirmamos que carecen de fundamento, aquellas versiones que sostienen como un hecho indudable que una vez modificada la ley, en el sentido de “flexibilizar” las relaciones laborales, se tendrá como resultado inmediato el incremento en la productividad, así como en las fuentes de trabajo y empleos que tan necesarios son hoy día.
Al parecer el resultado de la negociación del conflicto, a la vez que del intercambio político que se aproxima, será en el sentido de conceder a los sindicatos mantener prácticamente las mismas condiciones jurídicas, políticas y económicas que disfrutan, a cambio de permitir ellos la flexibilización del mercado de trabajo, que en realidad no es otra cosa que dinamitar el principio de estabilidad laboral, a través de legalizar los contratos temporales (de capacitación o de prueba) y los contratos por horas.
De las posiciones encontradas que hasta hoy se confrontan en la arena pública, en el debate legislativo, o en los espacios mediáticos, no encontramos una sola propuesta o contrapropuesta que tenga suficiente fundamento, y que por lo tanto pueda resultar viable, pues todas ellas carecen de la más elemental ubicación contextual. Se pasa entre otras cosas por alto, la causalidad en la relación histórica que tiene estos hechos con el pasado, reciente y remoto.
En la historicidad de todo suceso se puede identificar la direccionalidad que ha tenido, o la que se ha pretendido dar a temas como el de esta magnitud. Sólo por citar un ejemplo, se nos dijo antes que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio y con la consolidación de las políticas y del modelo económico de libre mercado lograríamos atraer mayor inversión extranjera, la cual crearía más y mejores fuentes de empleo, lo que junto con el intercambio comercial nos traería una indudable mejoría en nuestros ingresos, salarios y oportunidades. Los resultados todos los conocemos.
Antes y ahora las decisiones públicas tendrían que considerar que toda acción política implica un riesgo derivado de las consecuencias previsibles, pero sobre todo de aquellas no previsibles. Lo cierto es que las decisiones, acciones y consecuencias resultan conformes a los axiomas y valores en los que se fundan, independientemente de nuestra coincidencia o no con estos principios.
Los intereses que hay en esta reforma son más o menos evidentes, pero ¿cuáles son los principios en los que se basará esta decisión? Valga la pregunta con independencia de los intereses que logren imponerse y sea cual sea la reforma que al final se apruebe.
Ejercer la acción de gobierno no siempre será agradable a todos, no obstante que se tenga una vocación democrática bajo lo cual pretenda decidirse en función de la conformidad mayoritaria. Vale la pena considerar que no siempre la mayoría está bien informada, no siempre la mayoría tiene claridad sobre las distintas opciones disponibles, así como casi nunca la mayoría tendrá un análisis claro de los riesgos que implica determinada decisión, ni tampoco las consecuencias previsibles y efectos no deseados de determinada acción.
En un misma acción los efectos no deseados por unos, pueden ser deseables para otros. Los empleos que se tienen que crear, si de verdad se quiere mejorar la condición de millones de familias, deben ser empleos estables y bien remunerados; lamentablemente lo que se propone no apunta en esta dirección, sino en el sentido contrario.
No obstante, quizá lo que precisamente hace falta en nuestro país es que la necesidad y el malestar de los trabajadores sea aún mayor, de forma tal que ante el incremento de la tensión social, detone un movimiento amplio y popular, producto del hartazgo, que sacuda a las instituciones desde sus cimientos y genere con ello una transformación profunda en nuestra vida política, económica y social. Sólo esperemos que esto no suceda en forma violenta.
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